Winston Salem – Un tribunal federal comenzó este lunes un juicio en torno a le legitimidad de la ley estatal que obliga a los votantes de Carolina del Norte a presentar una identificación en las urnas.
El juicio tiene que ver con una demanda presentada hace cinco años por la Asociación Nacional por el progreso de las Personas de Color (NAACP) y otros grupos de derechos civiles, quienes alegan que la ley aprobada en 2018 por la Legislatura estatal viola la constitución y discrimina a los votantes afroamericanos e hispanos.
“Las evidencias muestran claramente que esto es algo que se hizo para disuadir a los votantes de Carolina del Norte”, dijo Deborah Dicks Maxwell, presidenta de NAACP en Carolina del Norte, luego de atestiguar ante el tribunal en Winston-Salem.
La ley que obliga a los votantes a mostrar una identificación con fotografía en las urnas fue objeto de varias demandas en las cortes estatales desde 2018 y no pudo entrar en vigor hasta el año pasado, gracias a un fallo de la Corte Suprema estatal.
El juicio federal que comenzó el lunes, a cargo de la jueza Loretta Biggs, podría bloquear la ley para las elecciones de noviembre en Carolina del Norte y tendría un impacto en leyes electorales de otros estados.
ARGUMENTOS
Los abogados que defienden a los líderes de la Legislatura estatal, el senador Phil Berger y el representante Tim Moore, alegan que la ley estatal no tiene una intención discriminatoria y que sólo busca prevenir el fraude electoral. Además, aseguran que el requisito de presentar identificación afectó al uno por ciento de los votantes en las primarias de marzo.
Uno de esos votantes afectados fue Denizza Mashburn, una inmigrante de Costa Rica quien por primera vez desde que se nacionalizó estadounidense en 1998, no pudo votar en marzo debido a la nueva ley electoral del estado.
“Es desalentador que mi voto no haya contado porque siento que mi voz no importa”, dijo Mashburn en una conferencia de prensa a la salida del tribunal, donde no pudo testificar en la audiencia del lunes.
Según contó, no se dio cuenta de que su licencia de conducir estaba expirada hasta que un trabajador electoral revisó el documento en su habitual centro de votación.
“Mi identificación tenía mi nombre y mi dirección, tal y como figuraba en los registros, y la foto claramente era mía, pero la licencia estaba expirada”, dijo Mashburn.
La mujer dijo que los mismos trabajadores electorales parecían estar confundidos sobre los requisitos y terminaron ofreciéndole una boleta provisional para votar, pero nunca le dieron la opción de llenar un formulario de excepción, como indica la nueva ley electoral en caso un votante no pueda mostrar un documento valido en las urnas.
Iliana Santillán, directora de la organización El Pueblo, que aboga por los derechos de los inmigrantes, también testificó en la corte y aseguró que la nueva ley crea confusión y afecta de manera desproporcionada a las minorías.
“Estas leyes, a menudo introducidas con el pretexto de prevenir el fraude electoral, afectan desproporcionadamente a las comunidades minoritarias e inmigrantes, lo que dificulta que los votantes elegibles ejerzan su derecho fundamental al voto”, dijo Santillán en conferencia de prensa.
“El requisito de presentar formas específicas de identificación en las urnas puede crear confusión y obstáculos para quienes no tengan acceso a los documentos necesarios o enfrenten dificultades para comprender el proceso debido a las barreras del idioma”, agregó.
El juicio en el tribunal federal continuará el resto de la semana y se espera que la jueza Biggs tome una decisión respecto a la demanda en los próximos días.
