La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte compartirá los datos de los votantes registrados con el gobierno federal tras aprobar este jueves un procedimiento para impugnar la elegibilidad de quienes sean identificados como posibles no ciudadanos y removerlos del registro electoral.
El nuevo reglamento aprobado por la mayoría republicana por 3 votos a favor y 2 en contra, formaliza una colaboración entre la NCSBE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar la elegibilidad de los votantes registrados, mediante el programa federal Verificación Sistemática de Extranjeros para obtener Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés).
Aunque las nuevas reglas entrarán en vigor oficialmente en junio, la NCSBOE informó hoy que a partir de este viernes empezará a compartir con el DHS los nombres, fechas de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de los votantes registrados en el estado.
“Esta es otra forma en que seguiremos mejorando la precisión de nuestros padrones electorales y nos aseguraremos de que solo los votantes elegibles puedan emitir su voto en este estado”, dijo Sam Hayes, director ejecutivo de la NCSBE en un comunicado tras la aprobación del reglamento.
“Al eliminar a los no ciudadanos de la lista de votantes, se tomarán las precauciones necesarias para garantizar que ningún votante elegible se vea afectado”, añadió Hayes.
Según las reglas aprobadas, los votantes que sean señalados por el sistema SAVE por potencialmente no tener la ciudadanía estadounidense, serán sometidos a un proceso de impugnación de su elegibilidad para votar y podrían ser eliminados del registro electoral si las autoridades locales no encuentran ningún registro que pruebe su ciudadanía.
Según la NCSBE, los votantes impugnados serán notificados por diversos medios y las autoridades electorales deben confirmar que esos avisos fueron recibidos, antes de seguir con el proceso que incluye una audiencia donde los afectados deberán presentar pruebas de su ciudadanía.
El nuevo reglamento se aprobó pese a que la NCSBE recibió más de 15 mil comentarios públicos, mayoritariamente en contra.
Sin embargo, en base a esas objeciones recibidas, las autoridades electorales hicieron algunas enmiendas al reglamento original, entre ellas dar más tiempo a las autoridades para realizar las audiencias y a los votantes impugnados para responder, además de expandir los documentos aceptables como prueba de ciudadanía.
DEBATE ACALORADO
Durante la discusión del nuevo reglamento, los dos miembros demócratas de la NCSBE se mostraron en contra argumentando que el procedimiento es innecesario ya que quienes no son ciudadanos tienen prohibido votar según las leyes estatales y federales, y no hay evidencias de casos de fraude electoral generalizado en el estado.
“Vamos a obligar a un porcentaje significativo de nuestra población a pasar por un sinfín de trámites debido a un número insignificante de casos que ya hemos tratado en el pasado”, dijo Jeff Carmon, miembro demócrtata de la NCSBE.
Además, al igual que la mayoría de los comentarios públicos, los demócratas se mostraron en contra de usar la base de datos poco confiable como SAVE que se ha demostrado puede señalar erróneamente a votantes elegibles como no ciudadanos.
“Hemos hablado hasta la saciedad desde noviembre sobre lo poco fiable que resulta esa misma base de datos, algo en lo que coincide la mayoría de los 15.000 que mandaron sus comentarios y en lo que coincido yo también; por consiguiente, cualquier proceso de eliminación que derive de esos datos tan endebles está, necesariamente, viciado de origen”, dijo Siobhan O’Duffy Millen, miembro del NCSBE.
Millen también dijo que el nuevo reglamento le impone al votante un “impuesto al voto” al cuestionar que se le obligue a probar su elegibilidad lo cual puede significar altos costos para obtener sus documentos.
Carolina del Norte ya usó en el pasado la base de datos SAVE para revisar los registros electorales, pero los resultados no fueron confiables para determinar la ciudadanía de los votantes registrados, según demostró una auditoría realizada luego de las elecciones generales de 2016, bajo la administración del gobernador republicano Pat McCrory.
“La NCSBE ha determinado, basándose en su experiencia previa, que una coincidencia con la base de datos SAVE no es un indicador confiable de que una persona no sea ciudadana estadounidense, ya que la base de datos no siempre se actualiza de manera oportuna y las personas que obtuvieron la ciudadanía de sus padres mediante naturalización o adopción pueden aparecer como no ciudadanos en SAVE”, dice la auditoría publicada en abril de 2017.
Dicha auditoría encontró que 41 extranjeros con algún tipo de estatus legal votaron en las elecciones de 2026 pero otros 34 demostraron ser ciudadanos luego de haber sido identificados erróneamente como no ciudadanos por el programa SAVE.
